Texas contra Johnson fue un caso histórico del Tribunal Supremo decidido en el año 1988 por el Tribunal Rehnquist. El caso intentaba resolver la cuestión de si la profanación de una bandera estadounidense era una forma de expresión protegida por el derecho a la libertad de expresión de la Primera Enmienda.

El caso llegó al Tribunal Supremo después de que Gregory Lee Johnson, un residente de Texas, quemara una bandera estadounidense en protesta contra las políticas de la administración del presidente Reagan en la Convención Nacional Republicana de 1984 en Dallas (Texas). Esto violaba una ley de Texas que impedía la profanación de un objeto venerado -incluidas las banderas estadounidenses- si la acción podía incitar a la ira de otros. Debido a estoSegún la legislación de Texas, Johnson fue declarado culpable y condenado a un año de prisión y a pagar una multa de 2.000 dólares. El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Texas revocó la condena de Johnson y, a partir de ahí, el caso llegó al Tribunal Supremo.

En una sentencia de 5-4, el Tribunal dictaminó que la quema de la bandera estadounidense por parte de Johnson era, de hecho, una forma de expresión (conocida como "discurso simbólico") protegida por la Primera Enmienda. El Tribunal consideró que las acciones de Johnson eran una conducta puramente expresiva, y que el hecho de que algunas personas se sintieran ofendidas por el mensaje que Johnson transmitía no significaba que el Estado tuviera autoridad paraEl Tribunal declaró en su dictamen: "Si hay un principio fundamental en el que se basa la Primera Enmienda, es que el Gobierno no puede prohibir la expresión de una idea simplemente porque la sociedad considere que la idea en sí misma es ofensiva o desagradable".mostrar respeto por los objetos venerados, como cuando se quema una bandera y se entierra después de que se haya desgastado. Por tanto, el Tribunal dictaminó que no se puede discriminar cuándo es apropiado quemar una bandera basándose exclusivamente en el punto de vista.

Sin embargo, el magistrado Stevens, que discrepó, consideró que el caso se había resuelto erróneamente y que el estatus único de la bandera estadounidense como símbolo de patriotismo y unidad nacional tenía más peso que la importancia de poder realizar un "discurso simbólico", por lo que el gobierno podía (y debía) estar autorizado constitucionalmente a prohibir la quema de banderas.

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